***** Al oriente del Uruguay

Chasque ARTIGUISTA - 31 de enero

Chasque
ARTIGUISTA

Trabajador rural despedido tras intentar formar sindicato; su patrón no quiere que le “vengan a poner leyes”

El trabajador rural se desempeñaba como capataz en la estancia La Tortuga, ubicada en la localidad de Pueblo del Barro, en el departamento de Tacuarembó. El 2 de diciembre participó en una reunión con asalariados de otros establecimientos ganaderos para intentar conformar un sindicato de base, en el marco de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), que integra el PIT-CNT.
Un día después fue despedido y ahora el caso se está tratando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El dueño de la estancia admitió que no quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier intento de que le “vengan a poner leyes en la estancia”.
El trabajador, que prefirió no dar su nombre, se encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás peones se habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del que habían acordado con el patrón. El 3 de diciembre el trabajador llamó por teléfono a Diego Ortiz, propietario de la estancia, para comunicarle las novedades del trabajo, y éste le dijo que debía volver “a ser peón” y que si no lo hacía debería dejar de trabajar en el lugar.
En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la situación ante el sindicato de base de la UNATRA recién conformado. Los delegados sindicales presentaron la denuncia ante el MTSS, que citó a las partes a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Rammauro y una delegación sindical, se reunió con Ortiz y sus asesores, asistiendo además funcionarios del MTSS.
Apenas comenzada la instancia de negociación, el empleador negó “rotundamente” que haya resuelto despedir al trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no tenía “las capacidades” para desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con esa línea argumental a partir de otras consideraciones negativas.
No obstante, en un momento de la reunión esa fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados le informaron que la persona que estaba escuchándolo del otro lado de la mesa no era un abogado o escribano, sino el propio trabajador despedido. Rammauro dijo a la diaria que de esa forma “quedó demostrado” que Ortiz no conocía a su propio capataz, que permaneció cuatro meses en el establecimiento solamente comunicándose por teléfono.
Ante la evidencia, Ortiz cambió su discurso. Dijo que una vez en la ruta y desde la camioneta -un encuentro que sí existió- había “hablado” con el trabajador y que ya en ese momento se “dio cuenta” de que no tenía “capacidad” para el campo. Eso a pesar de que este trabajador se desempeña desde hace diez años en tareas de capataz, según indicó Rammauro.
Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo no quiere “ningún sindicato” y que tampoco quiere que “le vengan a poner leyes en la estancia”, según afirmó el diputado por Tacuarembó Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que ha estado en contacto con el capataz despedido.
“Aunque la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen existiendo patrones de esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes laborales; no aceptaba que tuviera su día de descanso. Pero además la expresión del patrón es bien clara: ‘no me venga a poner leyes en la estancia’. Pretende que a ese lugar no venga nadie a alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.
El caso sigue en la órbita del MTSS. El trabajador pidió ser reincorporado, pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de mediación fracasó. Las partes se volverán a reunir en el MTSS de Montevideo el martes 18, con la presencia del director nacional de Trabajo, Luis Romero. Si el trabajador no es reintegrado, el caso será llevado a la Justicia.
“Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y los argumentos presentados “son contundentes”, explicó Rammauro. Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo para presentar el caso por “vía judicial”, según indica la normativa, agregó. Rammauro recordó que el trámite ante la Justicia “demora sólo diez días”.
El empresario es contador público, propietario de 14 estancias en diferentes departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La Avestruz, La Cuchilla, Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija, Arégulo, Tercera Vista, Cerro Formoso, El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores. La delegación sindical que se reunió con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de entonces denunció a Ortiz por no cumplir lo acordado en los consejos de salarios y por el despido de un delegado sindical, pero el empresario “se mostró intransigente; él no quería de ninguna manera reincorporarlo”, expresan en las actas taquigráficas.

Luis Rómboli

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LA IZQUIERDA EN DEBATE

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BOLETÍN INFORMATIVO - AÑO XIII - No. 174 19 DICIEMBRE DE 2012
Redactor Responsable: Ruben ELÍAS DUTRA

LA IZQUIERDA EN DEBATE: EN LA CRUZ DE LOS CAMINOS
Montevideo, 13/12/12 (Voces).- Esta terminando un nuevo año y, casi naturalmente, tratamos de hacer balances de lo que ha sucedido, de evaluar nuestros aciertos y fracasos, pero fundamentalmente tratamos de imaginar los senderos del porvenir y pensar lo que será necesario hacer mañana. Ese proceso de reflexión necesario que abarca lo personal, lo familiar, lo socialmente cercano, también puede tener una dimensión mayor, en este caso nacional. Este artículo pretende, con las limitaciones del espacio, poner en cuestión lo actuado por el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio.
SIETE AÑOS DESPUÉS.
La derrota electoral de los partidos políticos tradicionales en 2005 no implicó una capitulación ideológica de la ortodoxia económica y el pensamiento único. Por lo contrario, el FA desdibujó su programa histórico de cambios en el marco de una estrategia “realista” que incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político y la designación de un equipo económico que daba garantías al capital nacional y transnacional.
El “país productivo” que impulsaba el Frente Amplio como alternativa al llamado neoliberalismo, se transformo radicalmente en continuidad y profundización del mismo modelo que se aplicaba desde hace varias décadas con un énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa (IED). Se observa en Uruguay, así como en la región y en resto del tercer Mundo, una suerte de “neocolonización” que atenta contra la soberanía y modifica radicalmente nuestro entorno.
El proceso de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros no es cosa nueva. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.
Contra lo que eran los discursos de otrora en la izquierda, hoy las ventajas otorgadas por el gobierno al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos del país, en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político. Como contrapartida se pierde cada vez más el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían generar condiciones para repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas.
La piedra angular de la propuesta era y es atraer inversión extranjera. El modelo que impulsa desde hace siete años la conducción económica asume como premisas que: a) el crecimiento de un país depende de las inversiones (argumento indiscutible, aunque debería precisarse el tipo, calidad y objetivo de las mismas); b) en el país no hay ahorro disponible para realizar esas inversiones; c) se requiere inversión extranjera, la cual vendrá al país si se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, cumplimiento estricto de las reglas de funcionamiento del mercado definidas por el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial de Comercio.
El modelo dominante continúa impulsando cambios institucionales que apunten al debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado, en particular en los aspectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado, a la vez que aprueba políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, tales como las generalizadas zonas francas y la declaración de proyecto de interés nacional, en ambos casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto.
En síntesis, la política económica llevada por el FA se caracteriza por la aplicación de las reformas de segunda generación del Banco Mundial favorables al libre mercado lo que ha provocado un proceso de neocolonización y primarización de la economía.
Ha reducido la pobreza y la indigencia, en buena medida, por el arrastre del crecimiento económico y, en otra parte, por las políticas asistenciales, pero no hubo cambios estructurales que garanticen la continuidad de esta situación de mejoría en época de “vacas flacas”.
Sus mayores logros estuvieron relacionados con los trabajadores organizados, tanto en el aumento de los derechos como en las mejoras en los niveles de ocupación y salariales.
LA INCAPACIDAD MACROECONÓMICA.
El principal error de las políticas macroeconómicas es el atraso cambiario que afecta muy negativamente tanto la competitividad de la producción nacional en el mercado interno (compite con productos importados) como en los mercados de exportación.
Las políticas que buscan reducir la inflación bajando el valor del dólar a fin de que los precios internacionales frenen el crecimiento de los precios internos han fracasado estrepitosamente en nuestro país, como lo demuestran las macro devaluaciones de 1982 y 2002.
El segundo gran error, asociada al anterior, es haber fijado sistemáticamente niveles de inflación futura mucho menores que la inflación real, lo que ha hecho perder credibilidad al equipo económico y a hecho perder salario a los trabajadores. En efecto, las políticas que impuso el gobierno de negociar los aumentos salariales por la inflación futura (una estimación que siempre da un valor menor que la inflación pasada) provocan que los salarios reales no aumenten como correspondería de acuerdo a la inflación real.
El tercer gran error, es la transformación de una parte muy importante de la deuda pública en dólares en deuda en Unidades Indexadas (pesos actualizados por el IPC) en un contexto de inflación creciente y de políticas proactivas del gobierno que desvalorizan el dólar, lo que ha generado beneficios extraordinarios a los inversores y las correspondientes pérdidas al Estado.
Piense usted por ejemplo las ganancias que realiza aquel que vendió 1000 dólares a 22 pesos y los coloco en Unidades Indexadas con una inflación anual de 9 por ciento obteniendo $ 23.980 y, cierra la operación cambiando las unidades indexadas por dólares a 19,5 pesos obteniendo una ganancia de 229 dólares (un interés anual de 23 por ciento).
Increíble pero cierto, ese altísimo interés lo paga el Estado uruguayo.
El cuarto error, es asumir la visión de los empresarios sobre la relación entre salario, productividad e inflación. El criterio de que los salarios deben aumentar en función de la productividad asume el supuesto de que en un momento dado esta claramente definida cual es esa productividad y que se paga adecuadamente el valor de la misma. Ergo lo que suceda después son desviaciones de un supuesto equilibrio económico. Lamentablemente para los que sostienen esas posiciones no existe información estadística que pueda demostrar eso científicamente.
El salario se fija por dos elementos básicos de cualquier mercado: la oferta y la demanda condicionada por un conjunto de reglas como, por ejemplo, los fueros sindicales, los consejos de salarios, la negociación colectiva, etc., que inciden en la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital. La lucha por la distribución del valor generado entre el trabajo y el capital no se define midiendo la productividad.
Lo anterior enlaza con la inflación porque se sostiene que cuando el salario aumenta más que la productividad se generan procesos inflacionarios, debido a que: por un lado, aumentan la cantidad de dinero disponible más que la cantidad de productos, por lo cual aumentaría los precios; por otro, lado, los empresarios para mantener sus beneficios aumentan los precios.
EL EQUIPO ECONÓMICO EN SU PEOR MOMENTO.
Hemos sostenido y fundamentado desde la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU) que las políticas que impulsa el equipo económico no tienen nada que ver con el programa histórico de la izquierda uruguaya, ni tampoco con el proyecto de país productivo con justicia social que impulsa el PIT-CNT. El equipo económico asumió el proyecto del capital en su formulación más difundida, las reformas de segunda generación del Banco Mundial con la apertura irrestricta al capital extranjero.
La Ley que habilita la Participación Publico Privada es parte de un proceso de mercantilización de áreas que eran exclusivas del Estado, como las cárceles, los hospitales y los centros educativos; a la vez es un proceso de extranjerización porque la experiencia en esos ámbitos solo la pueden tener empresas extranjeras y de tercerización porque esos servicios los brindaran trabajadores privados y no públicos.
El caso PLUNA, sin embargo, tiene dimensiones y facetas que no encuadran en una contraposición de modelos económicos y es mucho más que una contraposición ideológica entre izquierdas y derechas. En el caso PLUNA se violaron casi todas las reglas establecidas para quién debe actuar con responsabilidad republicana: comenzando por una cláusula de “indemnidad” que liberó a Matías Campiani de juicios y reclamaciones; siguiendo con el cierre de la empresa, la estafa de las vacaciones de julio a miles de familias uruguayas, el no pago de los pasajes comprados por los usuarios; la modificación arbitraria de la ley de quiebras; la presentación de “Cosmos” en el tinglado de la subasta; siguiendo con las fotos del Ministro de Economía comiendo con López Mena y el hombre escondido en el segundo nombre y el segundo apellido; la controversia con la garantía acordada, a pedido ministerial, y sin los tiempos necesarios para un estudio en profundidad, etcétera. ¡Inadmisible!
Los garantes de la estabilidad de las reglas violaron las reglas establecidas por ellos mismos, pero no solo se mantienen todos en sus cargos, sino que además cuestionan a viva voz y duramente, tanto, al Presidente de la República, por haber planteado el subsidio a los combustibles en una sola empresa (la que integrarían los trabajadores de PLUNA); como, a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) por acordar pautas salariales con la patronales tomando como base una inflación esperada mayor (7 por ciento) que el número mágico inventado supuestamente para crear expectativas antinflacionarias (5 por ciento).
Se habla de importantísimos cambios estructurales en el campo que implican grandes avances en el desarrollo del país, pero el Censo Agropecuario[1] recién presentado muestra que esos supuestos avances han costado que 12.241 establecimientos rurales en actividad en el año 2000 dejaran de producir para el año 2011, cuando solo quedan 44.890 establecimientos. El 91% de los que dejaron la actividad son explotaciones menores de 100 hectáreas: pequeños productores. Como contrapartida, de esta reforma agraria al revés de la que planteó históricamente la izquierda, aumentan sustancialmente la concentración y la extranjerización de la tierra.
Todo esto es muy grave, a la notoria pérdida de credibilidad de un equipo económico que en nombre del supuesto conocimiento científico ha impuesto las reglas de juego del proceso económico y de múltiples políticas públicas al resto del gobierno se suma la inacción del Presidente de la República que no pidió la inmediata renuncia de los involucrados.
ES HORA DE CAMBIAR LA LÍNEA ECONÓMICA Y LOS HOMBRES QUE LA LLEVAN ADELANTE.
En el marco de una económica nacional cada vez más dependiente del mercado internacional -que se caracteriza por profundización de la crisis- y de una situación social muy vulnerable como lo demuestra un reciente estudio[2] que afirma que 370 mil personas caerían en la pobreza “en una crisis económica o en cualquier ciclo que empiece a bajar el PBI”[3] parece imprescindible que la conducción económica del país este en otras manos.
Es hora de apostar por un equipo económico que piense y organice la economía uruguaya en clave de soberanía y no de apertura irrestricta, el país productivo en clave de industrialización y no de primarización, la distribución del ingreso en clave de justicia social y no de subsidios al capital, la lucha contra la pobreza en clave estructural y no asistencialista.
Es hora de tener un equipo que maneje las variables macroeconómicas para impulsar el desarrollo productivo y la competitividad, que controle la inflación y no recurra al atraso cambiario, que no siga endeudando al país en Unidades Indexadas pagando altísimos intereses y tirando para las generaciones futuras la deuda creciente, que no acumule reservas para perder en la próxima crisis cuando es necesaria tanta inversión en infraestructura para el desarrollo social como la destinada a la educación, la salud, las cárceles (los derechos humanos, como tales, son para todos) y para el desarrollo productivo, tales como la energía, el transporte carretero y ferroviario, entre otros.
Es hora de que dirija la economía un equipo que tenga credibilidad para el conjunto de la sociedad y creatividad para impulsar procesos de cambio. Las recetas del “Consenso de Washington” y su complemento, las reformas institucionales de segunda generación del Banco Mundial están agotadas. Los aprendices de brujo que negocian y acuerdan con empresarios nacionales y extranjeros el destino del país, han demostrado en temas fundamentales, como el transporte aéreo, su absoluta impericia.
En los primeros tres años del gobierno del Frente Amplio los cuestionamientos al equipo económico, como el que se está realizando ahora, eran parte de lo disputa por la hegemonía en un gobierno policlasista que expresaba mayoritariamente los intereses del capital pero donde estaban representados, aunque en forma menor, los intereses de los trabajadores. La REDIU -fundada como respuesta al acuerdo firmado en junio de 2005, con el FMI- publica su primer libro en 2006 “Otro camino económico es posible y necesario”.
Luego del rechazo al TLC con Estados Unidos, última clara expresión de la disputa por la hegemonía, el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se muestra monolíticamente unido junto al equipo económico y su modelo. La REDIU publica en 2008 su segundo libro: “Un golpe de Timón” cuestionando al gobierno en su conjunto.
En las elecciones internas durante el proceso de definición del candidato a presidente del FA se sostuvo que la candidatura de Mujica creaba las condiciones para cambiar el equipo económico y su rumbo. No fue así, la línea económica se consolidó. La REDIU publica a fines de 2010 su tercer libro: “La Torta y las Migajas”, donde demuestra las enormes desigualdades que genera un modelo basado en las exportaciones de bienes primarios caso sin valor agregado, la concentración de la tierra, las exoneraciones impositivas al capital y la extranjerización de las propiedades.
En este segundo gobierno del FA no existe una disputa por la hegemonía del trabajo sobre el capital, ni un rumbo alternativo al actual, solo existen matices menores sobre algunos instrumentos económicos, básicamente tributarios. El modelo se consolida su respaldo político pero muestra todas sus limitaciones.
El desacuerdo con estas políticas crece al interior del FA, decenas de miles de militantes votaron en blanco en las internas, muchos más marcaron su discrepancia no participando en dicha elección. Compañeros que han luchado, militado y confiado en el proyecto histórico frenteamplista no aceptan pasivamente que el FA sea nada más que instrumento de uno pocos para administrar y profundizar el capitalismo.
Esa es la novedad que pone en cuestión el monolítico discurso autocomplaciente del gobierno y la dirección del FA y exige un cambio de rumbo. La actual soberbia dirigente lastima la concepción artiguista y seregnista, el autoritarismo ramplón de quién tiene mayorías absolutas nada tiene que ver con la fuerza de la razón y menos aún con la concepción libertaria que dice tener el ciudadano presidente. La impunidad de los gobernantes no es parte del ideario frenteamplista, ni de la cultura de nuestro pueblo. Ojala que estemos equivocados y haya aún suficientes reservas ideológicas, intelectuales, éticas y republicanas al interior del FA para realizar los cambios que el país necesita.
Antonio Elías*
* Integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU).
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EL PESO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ESTADO

LA IZQUIERDA EN DEBATE: EL PESO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ESTADO
¿SEREMOS CAPACES DE DISCUTIR ABIERTAMENTE?

Montevideo, 12/10/12 (Brecha).- ¿Cuánto gastan las Fuerzas Armadas en el Uruguay? Mucho, podría uno decir, si se compara el porcentaje del producto bruto interno que Uruguay gasta en defensa, con el que gasta Nueva Zelanda, por ejemplo, o Australia, o Brasil o Argentina. Mucho, o muchísimo, se podría afirmar, comparado con lo que se gasta en relaciones exteriores, transporte, ganadería o industria o vivienda. En la ejecución de 2012 el presupuesto de Defensa figuraba como el segundo ministerio más rico del Estado (con 4.2 por ciento del presupuesto total del Estado): el primero es el Ministerio del Interior (5.1 por ciento) (lo que arroja el resultado de dudosa defensa política que las dos carteras vinculadas a las armas y a la seguridad son las más ricas del Estado). Detrás, muy detrás, queda el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2,2 por ciento), el de Vivienda (1,8 por ciento), o la Cancillería (0.7 por ciento). Sumados, los ministerios de Industria, Desarrollo Social, Salud Pública, Ganadería, no llegan al presupuesto que se lleva Defensa.
Si miramos el resto del presupuesto público, descubrimos -por suerte- que se gasta más en educación (ANEP gasta el 12,6 por ciento del presupuesto) y en salud (ASSE gasta el 7.2 por ciento). Claro está que ASSE atiende a un millón doscientas mil personas, y ANEP le da educación a casi un millón de niños y jóvenes. Pero si comparamos el presupuesto de Defensa con el resto de los poderes del Estado, constataremos que el primero triplica o cuadruplica el del Poder Judicial (gasta 1.4 por ciento del presupuesto), y el Parlamento (1.1 por ciento).
Este gasto no toma en cuenta el déficit de la Caja de Retiros y Pensiones de las FFAA (que incrementa en un 53 por ciento más el gasto en Defensa). Este déficit –financiado por toda la sociedad uruguaya- se explica por el peculiar sistema de privilegio que tienen los miembros de las FFAA. Mientras la mayoría de nosotros nos jubilamos con el 50 por ciento del promedio salarial que obtuvimos en los mejores diez años de nuestras vidas (y los más viejos, con topes jubilatorios que no superan los 35 mil pesos), los miembros de las FFAA se jubilan con el 100 por ciento de su sueldo, a lo que se agrega, cuando han sido docentes, beneficios adicionales. A modo de ejemplo, un Capitán de Navío retirado gana $ 80.109 de jubilación. Esto se conforma por $67.338 de haber retiro –que es el 100 por ciento de su salario–, más $ 12.771 de asignaciones docentes conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Militar de 1974, que aún espera para ser reformada.
Claro que todo este privilegio se explica en la propia página web del Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA (www.srpffaa.gub.uy) que dice, textualmente que “el militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina en otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados”. ¿Otras leyes? ¿Otros jueces? ¿Es por eso que aquello que la justicia militar absuelve la justicia civil condena (como sucedió con el joven ahogado, o lo militares en Haití)? No: el militar está sujeto a las mismas leyes, y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier civil. Lo que está escrito en la página web reseñada no sólo está viejo y es anacrónico, sino que es peligrosamente “corporativo”.

RAZONES DE PESO(S)
El gasto en Defensa es el resultado del ejercicio de “gobierno de facto” de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En 1960 había unos trece mil funcionarios, y hoy hay 27 mil, sin que la población o el número de funcionarios públicos hayan cambiado sustancialmente.
En 1971 las FFAA ya consumían el 10 por ciento del presupuesto y, en 1974, llegaban al 18 por ciento. Esto es: dueños del poder, los militares se habían elevado su propio presupuesto a topes inverosímiles. A la salida de la dictadura, su participación en el presupuesto era del 14.3 por ciento. Los sucesivos gobiernos fueron reduciéndolo: en 1996 fue de 9.4 por ciento, en 2001 de 7.2 por ciento, en 2006 del 5.7 por ciento, y hoy es el 4.2 por ciento.
El número de funcionarios que revisten en las FFAA es del orden de los 27 mil, pero recordemos que son 42 mil todos los docentes del país, en primaria, secundaria y UTU. A modo de ejemplo: el número de empleados sólo en el Ejército es igual a la totalidad de maestros de Primaria de todo el país.
La segunda razón de “peso” ya no tiene que ver con la dictadura, sino el uso de las FFAA como mecanismo de “amortiguación” del desempleo, especialmente en el interior del país y en el medio rural. Hoy, sin embargo, existe demanda de empleo suficiente como para que el atractivo de entrar en las armas, no lo sea tanto. De hecho, hay menos incentivo para estudiar en cualquiera de las ramas de las FFAA, y las vacantes se producen como consecuencia, así como de la pésima imagen que las FFAA tiene entre la población, como resultado de la defensa de los Derechos Humanos, y la creciente conciencia que se va tomando sobre su rol en la dictadura.

EL PRESUPUESTO Y LOS SALARIOS MILITARES

El programa del FA de 2008 contempla varios acuerdos en relación al tema de las FFAA: la revisión del tema “jurisdicción militar” para separar delitos de naturaleza militar de delitos civiles, desterrar la doctrina de la seguridad nacional, desmilitarizar los institutos civiles que se encuentran en la órbita del Ministerio de Defensa, y redimensionar las FFAA para “determinar claramente sus funciones, profesionalizarlas y dotarlas de los medios necesarios”. Si en verdad no se habla de “reducir” a las FFAA, la deducción es inevitable. Si las funciones civiles mencionadas en el programa del FA (meteorología, aviación civil, marina mercante, administración de parques nacionales e infraestructura aeronáutica), pasan a la órbita civil, la reducción va de suyo.
Sin embargo, los avances que fueron dados están seguidos de retrocesos inexplicables. Uno fue tomar la determinación de que las vacantes que se produjeran en el MDN no fueran llenadas. Sin embargo, se permitió que el ahorro producido por las mismas se usara en el propio Ministerio para mejorar salarios (privilegio que ningún otro Ministerio conserva). O sea: un paso adelante, y uno atrás. Si se generan vacantes, pero con ello se aumentan los sueldos, el peso presupuestal del MDN seguirá siendo el mismo, y habremos abortado la sana política que se instaló desde 1985 hasta ahora, de reducir este gasto. Asimismo, si se mejoran salarios y compensaciones, habrá un atractivo especial para entrar a las FFAA (que es lo que se busca), y por consiguiente, lejos de contribuir a su disminución, colaboraremos a su fortalecimiento (que era lo que queríamos evitar). Las señales, como se ve, son contradictorias.
La justificación fue que con el ahorro producido por las vacantes se aumentarían los salarios más bajos. Pero en realidad, fue con las vacantes del primer año (854 en 2010) con lo que se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores (un soldado ganaba $6.542 al inicio del ejercicio y hoy gana $13.557). A modo de comparación, recordemos que el salario nominal de un Maestro Grado 1 (con partidas de alimentación incluidas) se ubicaba en los $15.670 en febrero de 2012.
Sin embargo, con las vacantes del año siguiente (1.415 en 2011) se incrementaron los sueldos de los oficiales superiores. En los escalafones del Personal Superior y Subalterno, el aumento fue del 22 por ciento por encima del que se les concedió al resto de los funcionarios públicos (8.6 por ciento). En enero, el incremento adicional que recibirán los comandantes en jefe será de $13.947, el de los generales será de $12.049 y el de los coroneles de $9.700.
Si se comparan estos sueldos con los de los maestros y profesores de enseñanza media, encontramos que, mientras el salario mínimo militar aumentó 100 por ciento y los salarios más elevados del Ministerio de Defensa Nacional crecieron en más de un tercio (30,6 por ciento) entre 2011 y 2012, los docentes de enseñanza primaria y secundaria necesitaron siete años para percibir un crecimiento real de sus remuneraciones que, en el mejor de los casos, no alcanza el 50 por ciento. En el período 2004-2011, los profesores (según su respectivo grado docente) recibieron un aumento de entre el 37 por ciento y el 42 por ciento. En tanto, en el mismo período, los maestros de educación primaria (también dependiendo de su grado) tuvieron un incremento salarial de entre el 45 por ciento y el 49 por ciento. En síntesis: los maestros y profesores necesitaron más de siete años para incrementar lo que los militares incrementaron en apenas dos.

DEFECCIONES INEXPLICABLES

Con el retenido de las más de dos mil vacantes que se produjeron durante 2010 y 2011, el Ministerio ahorró 213 millones de pesos. Pero no se conformó con el “privilegio” que le fue otorgado: usar su ahorro para mejorarse los sueldos. Pidió, además, un incremento de 178 millones de pesos más (pidió mucho más, pero la cordura de algunos representantes en el Ejecutivo, consiguió reducirlo a esa cifra). La justificación de ese incremento era financiar el control perimetral de las cárceles. Pero esta plata, que ya fue aprobada –aunque como se ve, con difícil ejecución, habida cuenta de la “renuencia” de los militares a asumir la función- no explica todo el incremento. ¿Adónde va el incremento restante? Tiene destinos diversos y curiosos: para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (en un contexto en el cual la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de PLUNA); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel de Perros de Trabajo Militar (que se dedica a la detección de explosivos); para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Comando General del Ejército (artículo 59); para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (art. 60); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior (art. 67). Especialmente significativos son algunos de estos gastos; por ejemplo, las compensaciones para el personal que trabaja con perros… en detección de explosivos ($1.772.858 anuales). O, la asignación de una partida anual de $6.684.857 para una compensación especial que recibirá el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería de Paracaidista Nº 14, comando creado en 1978 imaginemos detrás de la caza de qué terroristas y que, inexplicablemente, sobrevivió en democracia, aunque ahora parece dedicarse al “rescate de rehenes” en un país donde no se producen circunstancias de este tipo, y violando flagrantemente el programa del FA de 2008 que dice que “la seguridad interna y funciones policiales deben centralizarse en el Ministerio del Interior, así como la represión y prevención de delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando”.
También hay un incremento para aumentar y salarizar las compensaciones que reciben quienes se encuentren en misiones de paz en el exterior. Un militar del escalafón más bajo percibe 8.000 pesos nominales en su tarea. Si integra una misión de paz en Haití, le pagan un sobresueldo de unos 800 dólares, y un viático del 50 por ciento. Un cabo, gana 1000 dólares, un sargento 1.100 dólares, un oficial 1.700 dólares, un coronel 3.200 y un jefe de base, 4.000 dólares. A esto se le suma un 50 por ciento de su sueldo, que pagamos todos. El artículo pide, además, que a este 50 por ciento se le computen todos los aumentos salariales que reciba el inciso. El costo de este artículo es de veinte millones de pesos. Para muestra, baste mencionar que con veinte millones de pesos, podemos devolver a nuestro país veinte científicos por año que desean revincularse a la docencia y a la investigación en el país. Cifra contra cifra.
De más está decir que la solicitud que algunos miembros de la bancada le hicimos al Ministerio de Defensa para ajustar sus gastos puesto que se necesitaban rubros para la educación, la salud, o el Poder Judicial, no obtuvo tratamiento positivo por parte de la cartera. Demás está decir que todos y cada uno de los incrementos votados, queda incorporado al Presupuesto Nacional, por lo cual le legamos, a un gobierno futuro, las dificultades de volver a negociar reducciones presupuéstales para con unas FFAA que, como dice la web, “tienen otras leyes, otros derechos y otras obligaciones”. Mientras tanto, quedan en el debe las promesas del pasaje a la órbita civil de Meteorología o de la aviación civil; y la reforma de la Ley Orgánica Militar del año 1974; y la reforma de la Caja Militar para impedir las jubilaciones “de privilegio”, o una discusión más profunda con nuestras “misiones de paz”, especialmente en Haití (donde nuestros militares acaban de ser procesados por la violencia contra un ciudadano de un país al que se suponían iban a defender). Ni qué hablar sobre la educación militar, ya que recibimos a diario denuncias sobre la contradicción entre las prácticas –algunas corrientes- de instrucción militar y los más elementales derechos humanos. Vale preguntarse entonces: ¿adónde vamos con las FFAA?, ¿estamos siendo coherentes con el programa que el FA se comprometió a llevar a cabo? Y si no lo estamos, ¿cómo habremos de retomar la senda? ¿Seremos capaces de discutir abiertamente, y sin “secretos de Estado” las FFAA que queremos y podemos tener? No lo estamos haciendo. Al menos hoy, no lo estamos haciendo.

Constanza Moreira
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ATERRIZANDO

A pesar del feriado, ayer en la OTAU-OFP se trabajó durante todo el día en la concreción de una propuesta con la idea de llegar a la subasta de las siete aeronaves de PLUNA, que será en un plazo de 60 días. Nicolás de los Santos, integrante de la mesa directiva de ese sindicato, dijo que se reunieron con “diferentes personas que nos están asesorando” y anunció que “es un hecho” que los trabajadores conformarán una cooperativa.
Al mismo tiempo se está trabajando “en el armado de un plan de negocios y de financiamiento” para determinar los fondos con los que hay que contar “para llegar, en primera instancia a la subasta”. En este sentido, el sindicato “mantiene contactos con grupos financieros que estarían dispuestos” a invertir, pero estudian “todas las alternativas” sin descartar la posibilidad de pedir asistencia del Estado, por ejemplo, por medio del Fondo para el Desarrollo (FONDES), explicó De los Santos.
Por su parte, el dirigente de OTAU-OFP César Iroldi dijo que la cooperativa de trabajadores se formará con el asesoramiento de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU). Uno de los ejemplos de empresas autogestionadas que el sindicato maneja como antecedente es el de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) que se encarga del mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves Boeing y DC en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José de Costa Rica y que cuenta con una plantilla de 800 funcionarios.
Fuente: ALTERNATIVA POPULAR 1815
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MOVILIZACIÓN EN SOLIDARIDAD CON PARAGUAY

El próximo miércoles a las 18 hs, paraguayos, uruguayos y demás compañeros de Latinoamérica se movilizarán en solidaridad con el pueblo paraguayo ante el golpe de estado orquestado por los sectores mas reaccionarios del Paraguay. Solicitando además que se cumpla con la decisión emanada por el pueblo paraguayo en las últimas elecciones presidenciales con la restitución de Fernando Lugo a la Presidencia de dicho país.
La movilización se realizará desde la Explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza Libertad.

Adhieren:
ASCEEP - FEUU
Frente Amplio
JOPOY - Coordinadora Paraguay-Uruguay
CONACHA - Consejo de la Nación Charrúa

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DE ESTO NO SE HABLA - Ruben Elías

ALTERNATIVA POPULAR 1815
ESPACIO SOLIDARIO
EN DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO
BOLETÍN INFORMATIVO - AÑO XIII - No. 170 11 DE JUNIO DE 2012
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EDITORIAL: DE ESTO NO SE HABLA

Los medios de comunicación –de aquí y del mundo- han adquirido el hábito de informar con bombos y platillos de un hecho que consideran destacado pero de golpe y porrazo se deja de hablar del mismo. Alguien fija un límite, un hasta aquí que nosotros no debemos ni respetar ni acatar. La calle sigue hablando de esos temas, más allá de la falta de información de los medios y si bien se van olvidando algunos, otros quedan en la memoria.
No nos parece sabia la actitud del ñandú de esconder la cabeza en un pozo para no ver los peligros que lo amenazan. A nosotros nos interesa conocer y que se analicen y debatan algunos hechos ocurridos en el Uruguay en los últimos meses que nos parecen muy graves.

BUEN VIVIR Y BUEN MORIR

Los “enfermeros asesinos” coloco a Uruguay en el candelero internacional. Actuó la justicia y más allá de la existencia de otros involucrados por acción u omisión que podrán aparecer o no, estos crímenes detestables sirvieron para enterrar un tema que nuestra sociedad deberá encarar más temprano que tarde, no sólo ocuparse del bien vivir sino también del buen morir.
Como dice Marcelo Viñar[1] “La muerte asistida es un hecho de todos los tiempos aunque haya razones –o no- para legislar y reglamentar la eutanasia. Como tantas cosas, esto se hace afuera de la ley (jurídica) pero dentro de la ley (antropológica) del mutuo respecto y consideración entre los seres humanos”
Y agrega, “El gesto que acorta una agonía irreversible me parece un derecho humano legítimo como el derecho a la vida y a la salud. El consenso entre el sujeto concernido, sus seres queridos y el equipo médico actuante deben permanecer como el único lugar de decisión legítimo, en la privacidad y discreción de una decisión humana, por tanto falible”.

¿ANTIIMPERIALISTAS?

Los amigos de México, nos hicieron llegar el siguiente comunicado[2]: “En estos días nos enteramos con estupor y vergüenza que, a iniciativa del Poder Ejecutivo, ambas cámaras del Parlamento aprobaron, culminando el proceso legislativo en el Senado el 9 de mayo de 2012, el siguiente texto: “Se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos y material de la Armada de los Estados Unidos de América, consistente en un Equipo de Entrenamiento Móvil (Military Training Team - MTT) (Fuerzas Especiales-SEAL), a fin de instruir a Personal de la Armada Nacional (Cuerpo de Fusileros Navales), en Contra Interferencia Ilícita de Buques (CIIB), entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2012, integrado(…)”.
Y los amigos agregan sobre el final: “Es altamente sorprendente que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento señale que “la primera instrucción sobre CIIB fue recibida de las Fuerzas Especiales de la Armada de los Estados Unidos de América a principios de la década de los noventa”, y que sea un gobierno del Frente Amplio el que busque “actualizar” esa relación. Más, todavía, cuando el Programa de Gobierno aprobado por el V Congreso Extraordinario Compañero Zelmar Michelini del Frente Amplio (diciembre de 2008) mandató enfáticamente que “no participaremos en actividades convocadas por el Comando Sur u otras agencias y organismos de EE.UU.. Cabe asimismo reafirmar el rechazo a la presencia de la IV Flota de los EE.UU. en las aguas de Nuestra América”.

¿VERDAD Y JUSTICIA?

Las actividades propuestas para el 18 de mayo por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre y avalada por elMinistro de Defensa Fernández Huidobro, reverdece la teoría de los dos demonios. El reclamo de Familiares y de organizaciones sociales y personalidades, motivó que el presidente José Mujica la autorizará pero que se realizará sin uniformes y voluntaria, en una decisión que algunos definen como salomónica, pero que en definitiva no conforma.
En la actividad del 18 y la posterior en Durazno, el 24 de mayo, se observó que el general Pedro Aguerre no sólo fue el gestor de esas jornadas y de sus pormenores, sino el único orador. Para algunos los discursos de Aguerre tiene como objetivo reinsertar al Ejército en la sociedad y en esa dirección pretende avanzar.
A su vez, Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, afirmó a la diaria[3], que “si bien se percibe “un cambio en el discurso” del Ejército desde la llegada de Aguerre, esto “tiene un valor relativo” porque se pueden hacer “mil discursos y ninguna transformación en la sociedad”, o, por el contrario, hacer uno solo y “decir todo lo que saben” sobre el paradero de los desaparecidos, cosa que “no han hecho y parece que no van a hacer”. Para Oyenart, el planteo de que hubo una guerra “es un disparate, una mentira”, porque “lo que hubo fue una dictadura que ejerció sobre la población una represión indiscriminada”. De un lado estuvieron los militares y del otro lado “el pueblo todo” desarmado, consideró Oyenart.

¿Y LOS DERECHOS HUMANOS?

En esta pequeña muestra de temas que no se hablan, debemos agregar el tema de los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran en las cárceles, ¿acaso los derechos humanos no son universales?
El comisionado parlamentario, Garcés, asegura que desde el motín del 24 de abril, 365 presos del COMCAR están en “situación de calle”, permanecen a la intemperie durante todo el día y alerta por posibles casos de hipotermia[4].
Ante esto sólo nos queda reiterar los últimos párrafos del comunicado de SERPAJ del 25 de abril: “Estamos convencidos que el cambio fundamental para el sistema es el cultural, y por tanto deberá materializarse indispensablemente desde una perspectiva de derechos no centrada en la seguridad, pero que sí la incluye.”
“Creemos imprescindible desarrollar un modelo de intervención que contribuya a un nuevo relacionamiento material y simbólico entre los diferentes actores del sistema y eso sólo devendrá de una reforma estructural al actual sistema penal.”

Cómo decíamos en el título: DE ESTO NO SE HABLA
Ruben Elías
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Jornada Solidaria en el Cerro

Estimados amigos,
                                 el próximo 10 de mayo, coincidiendo con el 39 aniversario de la fundación del Frente POLISARIO, se inaugurará la Jornada Solidaria con el Pueblo Saharaui en el Centro Cultural "Florencio Sánchez", situado en la calle Grecia 3281, en la Villa del Cerro - Montevideo.

                                 La Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui invita a participar de esta Jornada, cuyo programa es el siguiente:

Jornada de solidaridad con el pueblo saharaui
                                          10 al 20 de mayo

                             Centro Cultural “Florencio Sánchez”

Jueves    10     19:30       Apertura de la Jornada
                                            Inauguración de la muestra fotográfica
                                            “La República Saharaui, estampas de un pueblo en lucha”

Viernes   11     15:00      Documental “Voces del desierto”
                                            Conferencia “Del Sáhara Español a la República Saharaui”
                                            Emiliano Gómez López

Jueves     17    15:00       Documental “Lalia”
                                            Recital de poesía saharaui
                                            Mohamed Salem Abdelfatah

Saludos
Emiliano
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Invitación - Día de la Tierra Palestina

Video sobre la situación actual en Palestina ocupada y diálogo con compatriotas recientemente llegadas de Cisjordania.
Jueves 29 de marzo - 19 horas
local de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE): Fernández Crespo 2256
El 30 de marzo se conmemora el Día de la Tierra Palestina, para recordar la larga resistencia que ese pueblo lleva adelante para defender su territorio de la prolongada ocupación israelí.
El 30 de marzo de 1976, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a seis ciudadanos palestinos de Israel y causaron numerosos heridos, en un intento de aplastar las protestas populares contra el robo continuo de tierras de propiedad palestina. 36 años después, Israel continúa consolidando su régimen de ocupación, colonización y apartheid, e intensifica sus graves violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino, ya sea de la población que vive bajo la ocupación en Gaza y Cisjordania, la que es ciudadana de segunda clase en Israel, o los millones de refugiados que tienen prohibido regresar a su patria -que suponen la gran mayoría de palestinos del mundo.
Desde hace más de un año, la Primavera Árabe cambió el escenario de Medio Oriente, y abrió nuevas expectativas para el pueblo palestino. A nivel internacional, ha crecido la conciencia y el rechazo hacia un régimen de apartheid y colonización que ha sido condenado por la comunidad internacional, y cuya persistencia es inaceptable en pleno siglo XXI.
Además, 2012 es un año clave en nuestra región, América Latina y el Cono Sur, para la solidaridad con Palestina: en noviembre se celebrará en Porto Alegre el Foro Social Mundial “Palestina libre”, una instancia que reunirá a activistas sociales de Palestina (campesinos, sindicalistas, mujeres, de derechos humanos) con representantes de los movimientos sociales y redes de América Latina y del mundo, para discutir y acordar estrategias coordinadas que contribuyan a poner fin a la ocupación y colonización, y a hacer realidad el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
En Uruguay también nos sumaremos, el 29 de marzo, en la víspera de la conmemoración del Día de la Tierra. Será además un momento para presentar el FSM “Palestina libre” y empezar a 'calentar los motores' hacia esa instancia de noviembre en Porto Alegre.
Convocan:
Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino – Uruguay (CAPP-U)
Colectivo Contraimpunidad
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Un nuevo premio para la Agencia de Noticias Uruguaya

Fue un inmenso placer para la AGENCIA DE NOTICIAS URUGUAYA, recibir la importante Premiación entregada en el Crystal Palace Hotel en la ciudad de Montevideo, denominada Medios de Comunicación, "Artigas y Méritos Orientales - 2012"

También es un placer compartir con todos nuestros queridos Familiares, Amigos y Colaboradores, éste hermoso Video testimonial donde se registró nuestra alocución realizando un agradecimiento al Dr. Jorge González Brasa Director de la Institución "Asociación Cultural Oriental"
Distinción que recibimos durante el multitudinario Acto de Premiación, con presencia de Cuerpo Diplomático, Autoridades Nacionales e Internacionales

Un gran abrazo .. Marita y Wáshington
AGENCIA DE NOTICIAS URUGUAYA
www.agenciadenoticiasuruguaya.com

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Conmoción en Uruguay por el asesinato de numerosos pacientes

Foto: Hospital Maciel
Agencia EFE
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Dos enfermeros admitieron la autoría de al menos 50 homicidios en dos centros médicos de Montevideo en los dos últimos años. No obstante, las muertes llegarían a 200.
Los detenidos, de 49 y 36 años y con larga trayectoria laboral, aparentemente no tenían relación entre sí y los casos quedaron al descubierto tras algunas muertes consideradas dudosas.
Los asesinatos habrían ocurrido en dos instituciones médicas, el hospital Maciel (foto) y la mutualista Asociación Española, una de las más importantes del país.
En todos los casos los pacientes se encontraban "graves", pero "su muerte no era esperada", indicó el juez de la causa, Rolando Vomero, quien no se refirió a una cantidad concreta de fallecidos, aunque aseguró que fueron "muchos".
Las autoridades sospechan que uno de los móviles es que "se trataba de pacientes que demandaban mucha atención".
Durante los interrogatorios, los detenidos alegaron "razones humanitarias" para justificar su accionar, informan medios uruguayos que citan fuentes vinculadas a la investigación. Uno de ellos reconoció haber provocado la muerte de al alrededor 50 personas. En tanto, el otro cree haber eliminado a un número similar, aunque habría"perdido la cuenta".
Investigadores policiales y funcionarios judiciales estiman que la suma de homicidios, entre ambos "Ángeles de la muerte", podría ser muy superior.
Según el diario local El País, al menos 50 homicidios habrían sido cometidos por los profesionales. No obstante, la policía especula con que habrían sido 200.
La investigación, bajo el nombre "Operación ángel", se inició hace dos meses a partir de una denuncia de funcionarios de dos centros asistenciales de Montevideo.
Una mujer, también enfermera y compañera de los detenido, fue arrestada, pero al parecer no tendría relación con los sucesos.
Los tres arrestados volverán a declarar durante esta jornada ante el juez Vomero. El magistrado señaló que este domingo dará a conocer por qué delitos serán procesados los dos detenidos.
A su vez, el Ministerio de Salud Pública anunció que el gabinete ministerial está en "sesión permanente" y que sus autoridades se reunieron con "carácter de urgencia" para analizar la situación.

Fuente: infobae.com
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