Inequidades uruguayas: los niños pobres
INEQUIDADES URUGUAYAS
LOS NIÑOS SON SIETE VECES MÁS POBRES QUE LOS ADULTOS
Montevideo, 08/10/08 (La Diaria).- Si bien en los últimos años ha ido ganando terreno en la consideración pública la expresión “infantilización” de la pobreza y la sociedad ha tomado conciencia de la magnitud del problema, el sociólogo Gustavo de Armas prefiere hablar de inequidad intergeneracional: es mucho mayor la pobreza entre los niños que entre los adultos mayores. En ese sentido expuso que “entre los niños menores de 6 años la pobreza llegó al 46% en 2007 y entre los adultos de 65 o más años de edad la pobreza ronda el 7% (según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE)”. Esto significa que el porcentaje de pobreza entre los niños más pequeños es siete veces superior al de los adultos mayores.
Para el sociólogo, los datos hablan por sí solos y representan “un indicador de la inequidad entre generaciones, en relación al acceso del bienestar social, que ubica a Uruguay en un punto absolutamente atípico y disparado del conjunto del mundo”, dijo en el marco del debate sobre sustentabilidad social para la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA).
A su entender, Uruguay es el país donde el contraste entre la pobreza de los niños y la de los adultos mayores es más evidente, no sólo en la región sino en el mundo. Entre las causas de esta situación mencionó que “las acciones del Estado no fueron exitosas a la hora de reducir en forma significativa la pobreza entre niños y adolescentes”. Pero también se debe, dijo, a “algo positivo que hay que preservar y defender: que Uruguay tiene bajas tasas de pobreza entre los adultos mayores”.
UNA DE CAL...
De Armas recordó que los niveles de pobreza entre los adultos mayores son similares a los de los países más desarrollados, mientras que entre los niños y adolescentes los índices de pobreza se asemejan a los de un país latinoamericano. “Ese comportamiento dual es lo que debemos revertir. La equidad intergeneracional no debería lograrse empeorando las condiciones de vida de los adultos y en particular las de los adultos mayores, sino acentuando la protección a la infancia”, dijo.
A su juicio, entre 2005 y 2008 se hizo hincapié en las políticas de infancia que se expresan en la evolución del gasto público social -especialmente en lo referente a la educación preescolar, primaria y media- dirigido a niños y adolescentes. También recordó la reforma de la salud y la incorporación de los niños dentro del FONASA, la reforma del régimen de asignaciones familiares que se puso en marcha en el marco del Plan de Equidad en enero de este año, y las políticas dirigidas a reducir la pobreza y aumentar la cohesión social.
De Armas sostuvo que estas políticas “marcan una orientación y un rumbo correcto pero el desafío de aquí a 2030 es profundizar en estas líneas”. Para eso debe instrumentarse “una fuerte política universal, integral, de protección a la primera infancia (0 a 3 años) y de mejora de la calidad en la educación primaria (4 a 11 años), expandiendo algunas de las políticas que han demostrado ser exitosas en este período en la mejora de los resultados educativos, como las escuelas de tiempo completo”.
Otro sector a reforzar -continuó De Armas- es el de los adolescentes de entre 12 y 17 años. Para ese fragmento de la población hay que hacer una intensa apuesta por la reducción de la deserción educativa, ya que el país presenta uno de los niveles de abandono en la educación media más altos de América Latina.
Una de las políticas a consolidar es la que permitió la transferencia de ingresos condicionados a las familias con niños y adolescentes, dijo haciendo referencia al PANES y al régimen de Asignaciones Familiares. “Ambos instrumentos contribuyen decisivamente a reducir la pobreza entre niños y adolescentes”, señaló. Un camino a seguir transitando es la “reconversión de las políticas e instituciones que históricamente han atendido a la población infantil en situación de vulnerabilidad extrema”. “Me refiero básicamente al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Hay que seguir acercando estas instituciones y políticas a los tres pilares principales de la arquitectura del bienestar social en Uruguay, que son las políticas educativas, de salud y de seguridad social”, apuntó.
Para el sociólogo, los datos hablan por sí solos y representan “un indicador de la inequidad entre generaciones, en relación al acceso del bienestar social, que ubica a Uruguay en un punto absolutamente atípico y disparado del conjunto del mundo”, dijo en el marco del debate sobre sustentabilidad social para la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA).
A su entender, Uruguay es el país donde el contraste entre la pobreza de los niños y la de los adultos mayores es más evidente, no sólo en la región sino en el mundo. Entre las causas de esta situación mencionó que “las acciones del Estado no fueron exitosas a la hora de reducir en forma significativa la pobreza entre niños y adolescentes”. Pero también se debe, dijo, a “algo positivo que hay que preservar y defender: que Uruguay tiene bajas tasas de pobreza entre los adultos mayores”.
UNA DE CAL...
De Armas recordó que los niveles de pobreza entre los adultos mayores son similares a los de los países más desarrollados, mientras que entre los niños y adolescentes los índices de pobreza se asemejan a los de un país latinoamericano. “Ese comportamiento dual es lo que debemos revertir. La equidad intergeneracional no debería lograrse empeorando las condiciones de vida de los adultos y en particular las de los adultos mayores, sino acentuando la protección a la infancia”, dijo.
A su juicio, entre 2005 y 2008 se hizo hincapié en las políticas de infancia que se expresan en la evolución del gasto público social -especialmente en lo referente a la educación preescolar, primaria y media- dirigido a niños y adolescentes. También recordó la reforma de la salud y la incorporación de los niños dentro del FONASA, la reforma del régimen de asignaciones familiares que se puso en marcha en el marco del Plan de Equidad en enero de este año, y las políticas dirigidas a reducir la pobreza y aumentar la cohesión social.
De Armas sostuvo que estas políticas “marcan una orientación y un rumbo correcto pero el desafío de aquí a 2030 es profundizar en estas líneas”. Para eso debe instrumentarse “una fuerte política universal, integral, de protección a la primera infancia (0 a 3 años) y de mejora de la calidad en la educación primaria (4 a 11 años), expandiendo algunas de las políticas que han demostrado ser exitosas en este período en la mejora de los resultados educativos, como las escuelas de tiempo completo”.
Otro sector a reforzar -continuó De Armas- es el de los adolescentes de entre 12 y 17 años. Para ese fragmento de la población hay que hacer una intensa apuesta por la reducción de la deserción educativa, ya que el país presenta uno de los niveles de abandono en la educación media más altos de América Latina.
Una de las políticas a consolidar es la que permitió la transferencia de ingresos condicionados a las familias con niños y adolescentes, dijo haciendo referencia al PANES y al régimen de Asignaciones Familiares. “Ambos instrumentos contribuyen decisivamente a reducir la pobreza entre niños y adolescentes”, señaló. Un camino a seguir transitando es la “reconversión de las políticas e instituciones que históricamente han atendido a la población infantil en situación de vulnerabilidad extrema”. “Me refiero básicamente al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Hay que seguir acercando estas instituciones y políticas a los tres pilares principales de la arquitectura del bienestar social en Uruguay, que son las políticas educativas, de salud y de seguridad social”, apuntó.
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Imagen: edgarin.com
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