EL PESO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ESTADO
LA IZQUIERDA EN DEBATE: EL PESO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ESTADO
¿SEREMOS CAPACES DE DISCUTIR ABIERTAMENTE?
Montevideo, 12/10/12 (Brecha).- ¿Cuánto gastan las Fuerzas Armadas en el Uruguay? Mucho, podría uno decir, si se compara el porcentaje del producto bruto interno que Uruguay gasta en defensa, con el que gasta Nueva Zelanda, por ejemplo, o Australia, o Brasil o Argentina. Mucho, o muchísimo, se podría afirmar, comparado con lo que se gasta en relaciones exteriores, transporte, ganadería o industria o vivienda. En la ejecución de 2012 el presupuesto de Defensa figuraba como el segundo ministerio más rico del Estado (con 4.2 por ciento del presupuesto total del Estado): el primero es el Ministerio del Interior (5.1 por ciento) (lo que arroja el resultado de dudosa defensa política que las dos carteras vinculadas a las armas y a la seguridad son las más ricas del Estado). Detrás, muy detrás, queda el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2,2 por ciento), el de Vivienda (1,8 por ciento), o la Cancillería (0.7 por ciento). Sumados, los ministerios de Industria, Desarrollo Social, Salud Pública, Ganadería, no llegan al presupuesto que se lleva Defensa.
Si miramos el resto del presupuesto público, descubrimos -por suerte- que se gasta más en educación (ANEP gasta el 12,6 por ciento del presupuesto) y en salud (ASSE gasta el 7.2 por ciento). Claro está que ASSE atiende a un millón doscientas mil personas, y ANEP le da educación a casi un millón de niños y jóvenes. Pero si comparamos el presupuesto de Defensa con el resto de los poderes del Estado, constataremos que el primero triplica o cuadruplica el del Poder Judicial (gasta 1.4 por ciento del presupuesto), y el Parlamento (1.1 por ciento).
Este gasto no toma en cuenta el déficit de la Caja de Retiros y Pensiones de las FFAA (que incrementa en un 53 por ciento más el gasto en Defensa). Este déficit –financiado por toda la sociedad uruguaya- se explica por el peculiar sistema de privilegio que tienen los miembros de las FFAA. Mientras la mayoría de nosotros nos jubilamos con el 50 por ciento del promedio salarial que obtuvimos en los mejores diez años de nuestras vidas (y los más viejos, con topes jubilatorios que no superan los 35 mil pesos), los miembros de las FFAA se jubilan con el 100 por ciento de su sueldo, a lo que se agrega, cuando han sido docentes, beneficios adicionales. A modo de ejemplo, un Capitán de Navío retirado gana $ 80.109 de jubilación. Esto se conforma por $67.338 de haber retiro –que es el 100 por ciento de su salario–, más $ 12.771 de asignaciones docentes conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Militar de 1974, que aún espera para ser reformada.
Claro que todo este privilegio se explica en la propia página web del Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA (www.srpffaa.gub.uy) que dice, textualmente que “el militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina en otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados”. ¿Otras leyes? ¿Otros jueces? ¿Es por eso que aquello que la justicia militar absuelve la justicia civil condena (como sucedió con el joven ahogado, o lo militares en Haití)? No: el militar está sujeto a las mismas leyes, y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier civil. Lo que está escrito en la página web reseñada no sólo está viejo y es anacrónico, sino que es peligrosamente “corporativo”.
RAZONES DE PESO(S)
El gasto en Defensa es el resultado del ejercicio de “gobierno de facto” de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En 1960 había unos trece mil funcionarios, y hoy hay 27 mil, sin que la población o el número de funcionarios públicos hayan cambiado sustancialmente.
En 1971 las FFAA ya consumían el 10 por ciento del presupuesto y, en 1974, llegaban al 18 por ciento. Esto es: dueños del poder, los militares se habían elevado su propio presupuesto a topes inverosímiles. A la salida de la dictadura, su participación en el presupuesto era del 14.3 por ciento. Los sucesivos gobiernos fueron reduciéndolo: en 1996 fue de 9.4 por ciento, en 2001 de 7.2 por ciento, en 2006 del 5.7 por ciento, y hoy es el 4.2 por ciento.
El número de funcionarios que revisten en las FFAA es del orden de los 27 mil, pero recordemos que son 42 mil todos los docentes del país, en primaria, secundaria y UTU. A modo de ejemplo: el número de empleados sólo en el Ejército es igual a la totalidad de maestros de Primaria de todo el país.
La segunda razón de “peso” ya no tiene que ver con la dictadura, sino el uso de las FFAA como mecanismo de “amortiguación” del desempleo, especialmente en el interior del país y en el medio rural. Hoy, sin embargo, existe demanda de empleo suficiente como para que el atractivo de entrar en las armas, no lo sea tanto. De hecho, hay menos incentivo para estudiar en cualquiera de las ramas de las FFAA, y las vacantes se producen como consecuencia, así como de la pésima imagen que las FFAA tiene entre la población, como resultado de la defensa de los Derechos Humanos, y la creciente conciencia que se va tomando sobre su rol en la dictadura.
El gasto en Defensa es el resultado del ejercicio de “gobierno de facto” de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En 1960 había unos trece mil funcionarios, y hoy hay 27 mil, sin que la población o el número de funcionarios públicos hayan cambiado sustancialmente.
En 1971 las FFAA ya consumían el 10 por ciento del presupuesto y, en 1974, llegaban al 18 por ciento. Esto es: dueños del poder, los militares se habían elevado su propio presupuesto a topes inverosímiles. A la salida de la dictadura, su participación en el presupuesto era del 14.3 por ciento. Los sucesivos gobiernos fueron reduciéndolo: en 1996 fue de 9.4 por ciento, en 2001 de 7.2 por ciento, en 2006 del 5.7 por ciento, y hoy es el 4.2 por ciento.
El número de funcionarios que revisten en las FFAA es del orden de los 27 mil, pero recordemos que son 42 mil todos los docentes del país, en primaria, secundaria y UTU. A modo de ejemplo: el número de empleados sólo en el Ejército es igual a la totalidad de maestros de Primaria de todo el país.
La segunda razón de “peso” ya no tiene que ver con la dictadura, sino el uso de las FFAA como mecanismo de “amortiguación” del desempleo, especialmente en el interior del país y en el medio rural. Hoy, sin embargo, existe demanda de empleo suficiente como para que el atractivo de entrar en las armas, no lo sea tanto. De hecho, hay menos incentivo para estudiar en cualquiera de las ramas de las FFAA, y las vacantes se producen como consecuencia, así como de la pésima imagen que las FFAA tiene entre la población, como resultado de la defensa de los Derechos Humanos, y la creciente conciencia que se va tomando sobre su rol en la dictadura.
EL PRESUPUESTO Y LOS SALARIOS MILITARES
El programa del FA de 2008 contempla varios acuerdos en relación al tema de las FFAA: la revisión del tema “jurisdicción militar” para separar delitos de naturaleza militar de delitos civiles, desterrar la doctrina de la seguridad nacional, desmilitarizar los institutos civiles que se encuentran en la órbita del Ministerio de Defensa, y redimensionar las FFAA para “determinar claramente sus funciones, profesionalizarlas y dotarlas de los medios necesarios”. Si en verdad no se habla de “reducir” a las FFAA, la deducción es inevitable. Si las funciones civiles mencionadas en el programa del FA (meteorología, aviación civil, marina mercante, administración de parques nacionales e infraestructura aeronáutica), pasan a la órbita civil, la reducción va de suyo.
Sin embargo, los avances que fueron dados están seguidos de retrocesos inexplicables. Uno fue tomar la determinación de que las vacantes que se produjeran en el MDN no fueran llenadas. Sin embargo, se permitió que el ahorro producido por las mismas se usara en el propio Ministerio para mejorar salarios (privilegio que ningún otro Ministerio conserva). O sea: un paso adelante, y uno atrás. Si se generan vacantes, pero con ello se aumentan los sueldos, el peso presupuestal del MDN seguirá siendo el mismo, y habremos abortado la sana política que se instaló desde 1985 hasta ahora, de reducir este gasto. Asimismo, si se mejoran salarios y compensaciones, habrá un atractivo especial para entrar a las FFAA (que es lo que se busca), y por consiguiente, lejos de contribuir a su disminución, colaboraremos a su fortalecimiento (que era lo que queríamos evitar). Las señales, como se ve, son contradictorias.
La justificación fue que con el ahorro producido por las vacantes se aumentarían los salarios más bajos. Pero en realidad, fue con las vacantes del primer año (854 en 2010) con lo que se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores (un soldado ganaba $6.542 al inicio del ejercicio y hoy gana $13.557). A modo de comparación, recordemos que el salario nominal de un Maestro Grado 1 (con partidas de alimentación incluidas) se ubicaba en los $15.670 en febrero de 2012.
Sin embargo, con las vacantes del año siguiente (1.415 en 2011) se incrementaron los sueldos de los oficiales superiores. En los escalafones del Personal Superior y Subalterno, el aumento fue del 22 por ciento por encima del que se les concedió al resto de los funcionarios públicos (8.6 por ciento). En enero, el incremento adicional que recibirán los comandantes en jefe será de $13.947, el de los generales será de $12.049 y el de los coroneles de $9.700.
Si se comparan estos sueldos con los de los maestros y profesores de enseñanza media, encontramos que, mientras el salario mínimo militar aumentó 100 por ciento y los salarios más elevados del Ministerio de Defensa Nacional crecieron en más de un tercio (30,6 por ciento) entre 2011 y 2012, los docentes de enseñanza primaria y secundaria necesitaron siete años para percibir un crecimiento real de sus remuneraciones que, en el mejor de los casos, no alcanza el 50 por ciento. En el período 2004-2011, los profesores (según su respectivo grado docente) recibieron un aumento de entre el 37 por ciento y el 42 por ciento. En tanto, en el mismo período, los maestros de educación primaria (también dependiendo de su grado) tuvieron un incremento salarial de entre el 45 por ciento y el 49 por ciento. En síntesis: los maestros y profesores necesitaron más de siete años para incrementar lo que los militares incrementaron en apenas dos.
El programa del FA de 2008 contempla varios acuerdos en relación al tema de las FFAA: la revisión del tema “jurisdicción militar” para separar delitos de naturaleza militar de delitos civiles, desterrar la doctrina de la seguridad nacional, desmilitarizar los institutos civiles que se encuentran en la órbita del Ministerio de Defensa, y redimensionar las FFAA para “determinar claramente sus funciones, profesionalizarlas y dotarlas de los medios necesarios”. Si en verdad no se habla de “reducir” a las FFAA, la deducción es inevitable. Si las funciones civiles mencionadas en el programa del FA (meteorología, aviación civil, marina mercante, administración de parques nacionales e infraestructura aeronáutica), pasan a la órbita civil, la reducción va de suyo.
Sin embargo, los avances que fueron dados están seguidos de retrocesos inexplicables. Uno fue tomar la determinación de que las vacantes que se produjeran en el MDN no fueran llenadas. Sin embargo, se permitió que el ahorro producido por las mismas se usara en el propio Ministerio para mejorar salarios (privilegio que ningún otro Ministerio conserva). O sea: un paso adelante, y uno atrás. Si se generan vacantes, pero con ello se aumentan los sueldos, el peso presupuestal del MDN seguirá siendo el mismo, y habremos abortado la sana política que se instaló desde 1985 hasta ahora, de reducir este gasto. Asimismo, si se mejoran salarios y compensaciones, habrá un atractivo especial para entrar a las FFAA (que es lo que se busca), y por consiguiente, lejos de contribuir a su disminución, colaboraremos a su fortalecimiento (que era lo que queríamos evitar). Las señales, como se ve, son contradictorias.
La justificación fue que con el ahorro producido por las vacantes se aumentarían los salarios más bajos. Pero en realidad, fue con las vacantes del primer año (854 en 2010) con lo que se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores (un soldado ganaba $6.542 al inicio del ejercicio y hoy gana $13.557). A modo de comparación, recordemos que el salario nominal de un Maestro Grado 1 (con partidas de alimentación incluidas) se ubicaba en los $15.670 en febrero de 2012.
Sin embargo, con las vacantes del año siguiente (1.415 en 2011) se incrementaron los sueldos de los oficiales superiores. En los escalafones del Personal Superior y Subalterno, el aumento fue del 22 por ciento por encima del que se les concedió al resto de los funcionarios públicos (8.6 por ciento). En enero, el incremento adicional que recibirán los comandantes en jefe será de $13.947, el de los generales será de $12.049 y el de los coroneles de $9.700.
Si se comparan estos sueldos con los de los maestros y profesores de enseñanza media, encontramos que, mientras el salario mínimo militar aumentó 100 por ciento y los salarios más elevados del Ministerio de Defensa Nacional crecieron en más de un tercio (30,6 por ciento) entre 2011 y 2012, los docentes de enseñanza primaria y secundaria necesitaron siete años para percibir un crecimiento real de sus remuneraciones que, en el mejor de los casos, no alcanza el 50 por ciento. En el período 2004-2011, los profesores (según su respectivo grado docente) recibieron un aumento de entre el 37 por ciento y el 42 por ciento. En tanto, en el mismo período, los maestros de educación primaria (también dependiendo de su grado) tuvieron un incremento salarial de entre el 45 por ciento y el 49 por ciento. En síntesis: los maestros y profesores necesitaron más de siete años para incrementar lo que los militares incrementaron en apenas dos.
DEFECCIONES INEXPLICABLES
Con el retenido de las más de dos mil vacantes que se produjeron durante 2010 y 2011, el Ministerio ahorró 213 millones de pesos. Pero no se conformó con el “privilegio” que le fue otorgado: usar su ahorro para mejorarse los sueldos. Pidió, además, un incremento de 178 millones de pesos más (pidió mucho más, pero la cordura de algunos representantes en el Ejecutivo, consiguió reducirlo a esa cifra). La justificación de ese incremento era financiar el control perimetral de las cárceles. Pero esta plata, que ya fue aprobada –aunque como se ve, con difícil ejecución, habida cuenta de la “renuencia” de los militares a asumir la función- no explica todo el incremento. ¿Adónde va el incremento restante? Tiene destinos diversos y curiosos: para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (en un contexto en el cual la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de PLUNA); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel de Perros de Trabajo Militar (que se dedica a la detección de explosivos); para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Comando General del Ejército (artículo 59); para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (art. 60); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior (art. 67). Especialmente significativos son algunos de estos gastos; por ejemplo, las compensaciones para el personal que trabaja con perros… en detección de explosivos ($1.772.858 anuales). O, la asignación de una partida anual de $6.684.857 para una compensación especial que recibirá el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería de Paracaidista Nº 14, comando creado en 1978 imaginemos detrás de la caza de qué terroristas y que, inexplicablemente, sobrevivió en democracia, aunque ahora parece dedicarse al “rescate de rehenes” en un país donde no se producen circunstancias de este tipo, y violando flagrantemente el programa del FA de 2008 que dice que “la seguridad interna y funciones policiales deben centralizarse en el Ministerio del Interior, así como la represión y prevención de delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando”.
También hay un incremento para aumentar y salarizar las compensaciones que reciben quienes se encuentren en misiones de paz en el exterior. Un militar del escalafón más bajo percibe 8.000 pesos nominales en su tarea. Si integra una misión de paz en Haití, le pagan un sobresueldo de unos 800 dólares, y un viático del 50 por ciento. Un cabo, gana 1000 dólares, un sargento 1.100 dólares, un oficial 1.700 dólares, un coronel 3.200 y un jefe de base, 4.000 dólares. A esto se le suma un 50 por ciento de su sueldo, que pagamos todos. El artículo pide, además, que a este 50 por ciento se le computen todos los aumentos salariales que reciba el inciso. El costo de este artículo es de veinte millones de pesos. Para muestra, baste mencionar que con veinte millones de pesos, podemos devolver a nuestro país veinte científicos por año que desean revincularse a la docencia y a la investigación en el país. Cifra contra cifra.
De más está decir que la solicitud que algunos miembros de la bancada le hicimos al Ministerio de Defensa para ajustar sus gastos puesto que se necesitaban rubros para la educación, la salud, o el Poder Judicial, no obtuvo tratamiento positivo por parte de la cartera. Demás está decir que todos y cada uno de los incrementos votados, queda incorporado al Presupuesto Nacional, por lo cual le legamos, a un gobierno futuro, las dificultades de volver a negociar reducciones presupuéstales para con unas FFAA que, como dice la web, “tienen otras leyes, otros derechos y otras obligaciones”. Mientras tanto, quedan en el debe las promesas del pasaje a la órbita civil de Meteorología o de la aviación civil; y la reforma de la Ley Orgánica Militar del año 1974; y la reforma de la Caja Militar para impedir las jubilaciones “de privilegio”, o una discusión más profunda con nuestras “misiones de paz”, especialmente en Haití (donde nuestros militares acaban de ser procesados por la violencia contra un ciudadano de un país al que se suponían iban a defender). Ni qué hablar sobre la educación militar, ya que recibimos a diario denuncias sobre la contradicción entre las prácticas –algunas corrientes- de instrucción militar y los más elementales derechos humanos. Vale preguntarse entonces: ¿adónde vamos con las FFAA?, ¿estamos siendo coherentes con el programa que el FA se comprometió a llevar a cabo? Y si no lo estamos, ¿cómo habremos de retomar la senda? ¿Seremos capaces de discutir abiertamente, y sin “secretos de Estado” las FFAA que queremos y podemos tener? No lo estamos haciendo. Al menos hoy, no lo estamos haciendo.
Con el retenido de las más de dos mil vacantes que se produjeron durante 2010 y 2011, el Ministerio ahorró 213 millones de pesos. Pero no se conformó con el “privilegio” que le fue otorgado: usar su ahorro para mejorarse los sueldos. Pidió, además, un incremento de 178 millones de pesos más (pidió mucho más, pero la cordura de algunos representantes en el Ejecutivo, consiguió reducirlo a esa cifra). La justificación de ese incremento era financiar el control perimetral de las cárceles. Pero esta plata, que ya fue aprobada –aunque como se ve, con difícil ejecución, habida cuenta de la “renuencia” de los militares a asumir la función- no explica todo el incremento. ¿Adónde va el incremento restante? Tiene destinos diversos y curiosos: para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (en un contexto en el cual la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de PLUNA); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel de Perros de Trabajo Militar (que se dedica a la detección de explosivos); para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Comando General del Ejército (artículo 59); para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (art. 60); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior (art. 67). Especialmente significativos son algunos de estos gastos; por ejemplo, las compensaciones para el personal que trabaja con perros… en detección de explosivos ($1.772.858 anuales). O, la asignación de una partida anual de $6.684.857 para una compensación especial que recibirá el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería de Paracaidista Nº 14, comando creado en 1978 imaginemos detrás de la caza de qué terroristas y que, inexplicablemente, sobrevivió en democracia, aunque ahora parece dedicarse al “rescate de rehenes” en un país donde no se producen circunstancias de este tipo, y violando flagrantemente el programa del FA de 2008 que dice que “la seguridad interna y funciones policiales deben centralizarse en el Ministerio del Interior, así como la represión y prevención de delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando”.
También hay un incremento para aumentar y salarizar las compensaciones que reciben quienes se encuentren en misiones de paz en el exterior. Un militar del escalafón más bajo percibe 8.000 pesos nominales en su tarea. Si integra una misión de paz en Haití, le pagan un sobresueldo de unos 800 dólares, y un viático del 50 por ciento. Un cabo, gana 1000 dólares, un sargento 1.100 dólares, un oficial 1.700 dólares, un coronel 3.200 y un jefe de base, 4.000 dólares. A esto se le suma un 50 por ciento de su sueldo, que pagamos todos. El artículo pide, además, que a este 50 por ciento se le computen todos los aumentos salariales que reciba el inciso. El costo de este artículo es de veinte millones de pesos. Para muestra, baste mencionar que con veinte millones de pesos, podemos devolver a nuestro país veinte científicos por año que desean revincularse a la docencia y a la investigación en el país. Cifra contra cifra.
De más está decir que la solicitud que algunos miembros de la bancada le hicimos al Ministerio de Defensa para ajustar sus gastos puesto que se necesitaban rubros para la educación, la salud, o el Poder Judicial, no obtuvo tratamiento positivo por parte de la cartera. Demás está decir que todos y cada uno de los incrementos votados, queda incorporado al Presupuesto Nacional, por lo cual le legamos, a un gobierno futuro, las dificultades de volver a negociar reducciones presupuéstales para con unas FFAA que, como dice la web, “tienen otras leyes, otros derechos y otras obligaciones”. Mientras tanto, quedan en el debe las promesas del pasaje a la órbita civil de Meteorología o de la aviación civil; y la reforma de la Ley Orgánica Militar del año 1974; y la reforma de la Caja Militar para impedir las jubilaciones “de privilegio”, o una discusión más profunda con nuestras “misiones de paz”, especialmente en Haití (donde nuestros militares acaban de ser procesados por la violencia contra un ciudadano de un país al que se suponían iban a defender). Ni qué hablar sobre la educación militar, ya que recibimos a diario denuncias sobre la contradicción entre las prácticas –algunas corrientes- de instrucción militar y los más elementales derechos humanos. Vale preguntarse entonces: ¿adónde vamos con las FFAA?, ¿estamos siendo coherentes con el programa que el FA se comprometió a llevar a cabo? Y si no lo estamos, ¿cómo habremos de retomar la senda? ¿Seremos capaces de discutir abiertamente, y sin “secretos de Estado” las FFAA que queremos y podemos tener? No lo estamos haciendo. Al menos hoy, no lo estamos haciendo.
Constanza Moreira
ALTERNATIVA POPULAR 1815
ESPACIO SOLIDARIO
EN DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO
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BOLETÍN INFORMATIVO - AÑO XIII - No. 173 29 DE OCTUBRE DE 2012
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1 comentario:
para que quieren algunos militares en uruguay?
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