***** Al oriente del Uruguay: Zona Franca para ENCE

SIN COMENTARIO: NUEVA ZONA FRANCA EN EL PAÍS, ESTA VEZ PARA ENCE.

Montevideo, 24/01/08 (La Diaria).- La inversión de la Empresa Nacional Celulosa España (ENCE) está muy cerca de comenzar a ejecutarse. El Estado le autorizó una zona franca y sólo falta que presenten un último proyecto y empiecen a construir.

El Poder Ejecutivo dio a conocer la aprobación de la solicitud de Zona Franca Punta Pereira SA, la firma que gestionará la zona franca de ENCE en Conchillas, departamento de Colonia. El predio correspondiente está situado en las orillas del Río de la Plata y ocupará 361 hectáreas de las 503 que tendrá en total el predio de la multinacional de la celulosa. El proyecto incluye un puerto de aguas profundas y la producción de pasta de celulosa para la exportación, con una cantidad prevista en el entorno de los 2,4 millones de toneladas anuales.

El complejo industrial superará seguramente la inversión que hizo BOTNIA. Portavoces de la firma aventuraron tiempo atrás que serán unos 1.250 los millones de dólares volcados en la puesta en marcha de la planta.

El gobierno autorizó a ENCE para que produzca celulosa, papel y energía. La zona franca albergará industrias dedicadas a la “transformación de la madera” y sus derivados, además de almacenar insumos y materias primas, y producir energía eléctrica con la biomasa que podría eventualmente vender al Estado, además de operar el puerto.

La empresa tiene, desde ayer, diez meses para presentar su proyecto ejecutivo de arquitectura e ingeniería en el Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que controlará su actividad. A partir de la aprobación de ese remitido, ENCE deberá culminar las obras de infraestructura básica de la zona franca en 18 meses.

El costo previsto de esta primera operación para la puesta a punto de la planta será 14.802.200 dólares. A los 21 meses deberán tener finalizada la terminal portuaria, que les costará 55 millones de dólares. La planta industrial deberá quedar pronta a los 26 meses y demandará una inversión mínima de otros 1.000 millones de dólares. El complejo deberá estar en condiciones de producir pasta de celulosa a los 33 meses de aprobado el último formulario que pide el MEF en la resolución presidencial fechada el 22 de enero.

La autorización para operar será por treinta años, y en caso de controversias entre el Estado uruguayo y la multinacional de la celulosa deberán laudarse las diferencias en el marco del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones con la República de Finlandia y con el Reino de España. Esto es porque el marco regulatorio de las inversiones entre España y Uruguay establece que, en caso de que exista un acuerdo con un tercer país que contenga cláusulas más ventajosas, las firmas españolas se podrán acoger a él. En este caso ENCE pidió remitirse al acuerdo con Finlandia y el gobierno lo aceptó.

El canon que deberá abonar la empresa española al Estado por el uso de las facilidades que el suelo y el mar orientales les brindan variará según los resultados contables de ENCE. Desde que se firme el primer contrato con un usuario de la zona franca, la empresa pasará a pagar anualmente 154 mil dólares. En caso que la superficie utilizada sea mayor a las 154 hectáreas, se deberá multiplicar 1.136 dólares por la cantidad de hectáreas en uso. Desde el séptimo año se pagarán 550 mil dólares. Estas cifras serán ajustadas de acuerdo con la evolución del IPC de EE.UU.

Fernando Antía, titular de la Dirección de Comercio del MEF, aseguró a La Diaria que los controles serán cruzados con otros organismos del Estado y que este tipo de proyecto “por su tamaño ya es una particularidad, son industrias muy grandes para el Uruguay”.

“Tenemos que acompañar el proceso de crecimiento de la actividad en las zonas francas e ir estableciendo en paralelo los recursos humanos (para el contralor), que son bastante reducidos pero que necesariamente deberán acompasarse a un régimen de inversiones extraordinariamente grandes”, advirtió.

El jerarca señaló que el gobierno ha definido actuar con prudencia en el otorgamiento de zonas francas, viendo caso a caso los beneficios que pueden reportar y atendiendo a que sea “necesario y útil para captar cosas positivas para el país, como el empleo o la capacidad de absorber tecnología”. Pero aseguró: “No queremos llenar el país de zonas francas”.